Un fuerte debate político se desató en Ciudad Juárez tras los señalamientos sobre presunto nepotismo en instancias públicas, luego de que la diputada Xóchitl Contreras reconociera que familiares suyos laboran en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, lo que generó una respuesta directa del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.
La legisladora sostuvo que la situación de sus familiares no encuadra en nepotismo, al argumentar que ella ocupa un cargo de elección popular y que no existe una relación de subordinación directa dentro de la estructura administrativa. En su postura, insistió en que la condición laboral de sus parientes no deriva de una decisión personal ni de un vínculo jerárquico que implique conflicto legal.
En respuesta, el secretario del Ayuntamiento rebatió el planteamiento al señalar que el fondo del debate no es únicamente jurídico, sino político y ético, al tratarse —dijo— de un tema de influencias. Desde la óptica del gobierno municipal, el señalamiento adquiere relevancia porque quienes han denunciado públicamente la presencia de familiares en áreas de la administración también se encuentran expuestos a situaciones similares dentro de distintos niveles del servicio público.
El funcionario municipal amplió el señalamiento al afirmar que los casos no se limitan a la Junta de Agua y Saneamiento, sino que existen vínculos familiares en otras instancias como el Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, lo que, a su juicio, coloca el debate en el terreno de la congruencia política y la ética pública.
Ortiz Orpinel sostuvo además que el presidente municipal ha buscado precisar los alcances jurídicos del tema frente a interpretaciones que, desde su perspectiva, han sido utilizadas con fines políticos. En ese marco, acusó a los actores involucrados de distorsionar el debate público y generar confusión entre la ciudadanía al mezclar conceptos legales con discursos partidistas.
El tema del nepotismo y las posibles influencias familiares en la administración pública ha sido recurrente en el debate político local y estatal, particularmente entre fuerzas partidistas enfrentadas. Aunque la legislación establece criterios específicos para su configuración, el señalamiento público suele trasladarse al terreno de la ética y la congruencia, convirtiéndose en un eje de confrontación política más allá de las resoluciones legales.
